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Las Escuelas Públicas de Toledo cerraron ocho edificios este mes, y su tesorero dice que el distrito funciona con apenas una nómina

Ocho edificios de las Escuelas Públicas de Toledo no volvieron a abrir este mes. Las primarias Harvard, Navarre, Pickett, Spring y Walbridge, la Academia Martin Luther King Jr. para Varones, la Westfield Achievement Academy y el edificio Heatherdowns cerraron al final del curso pasado, en una reestructuración que la junta aprobó el 28 de abril para enjugar un déficit de 68 millones de dólares. Esa fue la Fase 1. La Fase 2 llega en agosto de 2027.

La presidenta de la junta, Christine Varwig, al anunciarlo: «Son decisiones que nadie quiere tomar, pero son las que exige el liderazgo».

Cuatro meses después, el nuevo tesorero del distrito le dijo a la junta, el 25 de agosto, con qué se ha quedado. P. Ryan Lockwood III, al presentar la previsión exigida por el estado: «Las Escuelas Públicas de Toledo funcionan ahora mismo con un margen muy fino… operamos con quizá solo una nómina, o algo más que una nómina, en los libros».

Una cuarta parte de lo que sostiene al distrito es el impuesto a la propiedad, y este año ese dinero llega tarde. La ley HB 186 obligó a los auditores y tesoreros de todos los condados de Ohio a rehacer sus sistemas de cálculo a mitad de ciclo, recalcular los recibos y reemitir los avisos antes de certificar, y el crédito que la motiva se aplica a los gravámenes escolares de operación que califiquen. Varios condados informaron retrasos en la facturación. La liquidación del condado de Lucas no se espera hasta la segunda semana de septiembre.

Lo que convierte en pregunta viva quién paga y cuánto. Este diario publicó el jueves que One SeaGate —el edificio más alto de la ciudad, vendido esta semana a compradores que nadie nombra— paga 308.843,45 dólares al año, de los cuales el 65,89 por ciento, o 174.678,18 dólares, va a las Escuelas Públicas de Toledo. Es la mayor porción de esa factura. La valoración de la torre ha sido impugnada formalmente ocho veces desde 2008, y uno de esos casos sigue abierto.

Lo que TPS pide en noviembre es un gravámen de 6,9 miluésimas a cinco años. La junta lo aprobó para la papeleta el 28 de julio y lo presentó ante la Junta Electoral del condado de Lucas antes del plazo del 5 de agosto. Para el dueño de una casa de 100.000 dólares supone unos 242 dólares al año. Si se aprueba, se carga al año fiscal 2026, es decir que aparece en los recibos de 2027, y el distrito no ve ese dinero hasta entonces.